La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezaron un acto de fiscalización y entrega de recursos en Cajeme para validar la operación del programa Pensión Mujeres Bienestar. La supervisión directa de las autoridades busca garantizar que los mil 448 millones de pesos asignados lleguen a las 70 mil beneficiarias sin desviaciones administrativas. El mecanismo de pago bancarizado se presenta como la principal barrera técnica contra la corrupción en la distribución de subsidios estatales.
Durante la jornada en Sonora, el gobernador Durazo subrayó que la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar elimina la discrecionalidad en la asignación de apoyos. Este esquema de transparencia obliga a la administración estatal a mantener un gabinete paritario y políticas de bienestar auditables por la ciudadanía. La rendición de cuentas sobre los 3 mil 100 pesos bimestrales es central en la agenda de supervisión compartida entre la federación y el gobierno sonorense.
Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Bienestar, detalló que el proceso de inscripción cuenta con filtros de verificación para prevenir la duplicidad de registros o el uso de identidades falsas. La subsecretaría de Bienestar, a cargo de Jesús Salvador Valencia Guzmán, realiza auditorías periódicas a los módulos de registro en Sonora para asegurar el cumplimiento de las reglas de operación vigentes. El padrón es público y está sujeto a las leyes de transparencia y acceso a la información gubernamental.
La presidenta Sheinbaum enfatizó que el programa no es una concesión, sino un derecho constitucional que requiere vigilancia constante para su ejecución. La participación de beneficiarias como Onésima Moroyoqui Matuz y Altagracia Ruiz Acuña en la mesa de presídium permitió constatar la recepción efectiva del recurso. El gobierno federal sostiene que la ausencia de intermediarios es el pilar que sostiene la viabilidad financiera de estos apoyos a largo plazo.
El seguimiento de los recursos también involucra a la subsecretaria Ingrid Gómez Saracibar, quien vincula estos apoyos con el derecho a una vida libre de violencia mediante la autonomía económica. La fiscalización de los fondos públicos en Sonora ha detectado que la bancarización reduce los costos de operación gubernamental en un 15% comparado con la entrega en efectivo. Esta eficiencia administrativa permite ampliar la base de beneficiarias sin incrementar el gasto corriente de la dependencia.
En Cajeme, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano funge como enlace local para la detección de irregularidades en los módulos de atención ciudadana. Las autoridades exhortaron a las mujeres de 60 a 64 años a denunciar cualquier intento de condicionamiento del apoyo por parte de servidores públicos. El compromiso de la administración actual es mantener una vigilancia estricta sobre el uso de la tarjeta del Banco del Bienestar para evitar fraudes electrónicos.
El evento concluyó con el refrendo de los convenios de colaboración entre el gobierno federal y el estado de Sonora para fortalecer el sistema de seguridad social. Se espera que al cierre del semestre se publique un informe detallado sobre el alcance geográfico de los mil 448 millones de pesos invertidos. La vigilancia institucional sobre este programa se mantiene activa como parte de la estrategia nacional de combate a la opacidad en el manejo de transferencias directas.
